Nueva York quiere intervenir de manera directa en uno de los problemas más sensibles del retail: el precio de los alimentos.
El alcalde Zohran Mamdani impulsa la creación de cinco supermercados municipales, uno por cada borough, con el objetivo de ofrecer una canasta de productos esenciales a precios significativamente inferiores a los del mercado. El programa contempla US$70 millones de inversión inicial, además de mecanismos de financiamiento público para sostener la operación, mientras que la gestión cotidiana quedaría en manos de operadores privados.
El objetivo es concreto: que los productos que integran la denominada Core Basket se vendan 30% por debajo de los precios minoristas típicos, con revisiones mensuales.
Pero incluso antes de que abra la primera tienda, el proyecto ya enfrenta una disputa con el retail independiente.
Cuando el Estado entra a competir con el supermercado
La National Supermarket Association y comerciantes independientes presentaron una demanda contra la Ciudad de Nueva York cuestionando, entre otros aspectos, el impacto competitivo del programa.
Su argumento es que un supermercado respaldado por fondos públicos puede operar con una estructura de costos diferente a la de un comercio privado y, al mismo tiempo, ofrecer precios inferiores a los del mercado.
Para los demandantes, esto genera una situación de competencia desigual.
Para la Ciudad, en cambio, se trata de una herramienta para mejorar el acceso a alimentos asequibles, especialmente en comunidades donde los precios y la disponibilidad representan un problema.
La discusión, por lo tanto, excede a estas cinco futuras tiendas. Plantea una pregunta que el retail conoce bien:
¿Hasta dónde puede intervenir un actor con respaldo público en un mercado competitivo sin alterar las reglas de juego para quienes ya operan en él?
El antecedente venezolano
Es en este punto donde el caso de Nueva York inevitablemente recuerda a Venezuela.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez se desarrollaron distintas redes estatales de distribución de alimentos, entre ellas Mercal, PDVAL y posteriormente Abastos Bicentenario, con objetivos que guardan una similitud importante con la propuesta neoyorquina: facilitar el acceso de la población a alimentos mediante precios subsidiados y una mayor intervención del Estado en la comercialización.
El modelo venezolano comenzó con una premisa social: si el mercado no garantiza alimentos accesibles para determinados sectores, el Estado puede intervenir para ofrecerlos a menor precio.
El problema apareció en la sostenibilidad del sistema.
Con el deterioro de las condiciones económicas y el aumento de la intervención estatal en la cadena de abastecimiento, las redes comenzaron a enfrentar problemas de disponibilidad, gestión, corrupción y sostenibilidad financiera. Abastos Bicentenario, por ejemplo, registró en 2015 un déficit de capital de trabajo de Bs. 3.400 millones y un déficit acumulado de patrimonio de Bs. 3.600 millones.
El antecedente es relevante no porque permita afirmar que Nueva York repetirá necesariamente esa historia —los modelos son diferentes y el programa estadounidense recién está comenzando—, sino porque plantea una cuestión que cualquier esquema de retail subsidiado debe resolver:
¿Qué ocurre cuando el precio que paga el consumidor deja de reflejar el costo real de operar el negocio?
La diferencia que Nueva York deberá demostrar
Hay, además, una diferencia importante con el modelo venezolano.
Nueva York no plantea inicialmente construir una cadena estatal integrada. La Ciudad financiará y supervisará el programa, pero busca que operadores privados gestionen los supermercados.
Esto introduce una variable que puede resultar determinante: la capacidad profesional de gestionar surtido, abastecimiento, inventario, productividad y experiencia de compra dentro de un esquema con objetivos sociales.
En otras palabras, vender barato es relativamente sencillo cuando alguien absorbe la diferencia. El verdadero desafío es hacerlo de manera sostenible.
Y esa es precisamente la pregunta que el antecedente venezolano deja sobre la mesa.
PR Insight | Strategy
El experimento de Nueva York pone nuevamente al supermercado en el centro de un debate que trasciende al precio: cómo combinar accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad cuando el Estado entra en el negocio.
Venezuela demuestra que subsidiar el precio puede resolver una necesidad en el corto plazo, pero también que un modelo alimentario necesita sostener su operación, abastecimiento e incentivos económicos en el tiempo.
Nueva York todavía tiene la oportunidad de demostrar que un supermercado con objetivos sociales puede funcionar sin convertirse en un sistema dependiente permanentemente del Estado.